Señor Director:

El pasado viernes 20 de noviembre el Senado aprobó la glosa de gratuidad dentro del presupuesto de educación superior, decisión histórica que permitirá a más de 200.000 estudiantes acceder de forma gratuita a estudios superiores. La partida aprueba recursos para el 50% de estudiantes más vulnerables de los primeros cinco deciles, focalizados en las universidades del Consejo de Rectores y aquellas instituciones privadas que cumplan con criterios de acreditación y sean sin fines de lucro.

Sin duda, la medida es un primer paso para avanzar en la concepción de la educación como derecho social y expresa la voluntad popular enunciada a través de movilizaciones y el apoyo de la sociedad civil. Los resultados son producto del esfuerzo de los estudiantes y de las comunidades universitarias, que han ido ampliando redes de apoyo con actores claves a nivel nacional.

En su paso por el Congreso, en la glosa se incorporó una facultad para que el Ministerio de Educación pueda estimar el monto de los recursos y entregar hasta el 50% en enero de 2016, lo que permitirá que no se afecten los flujos de las instituciones, contrario a lo que históricamente ha ocurrido con la asignación de becas. Con ello, se aclaran las dudas que inicialmente se habían planteado con respecto a la forma como se entregarán los recursos.

En el mismo sentido, se decidió reorientar los recursos del AFI en un 50% para suplementar la Beca Milenio (de formación técnica) y aumentar en un 21% y 34% respectivo las glosas de convenio marco para las universidades estatales y convenio basal de desempeño para las universidades del Consejo de Rectores y las privadas que se suman a la gratuidad. Si bien no es tan sustantivo el aporte, esta modificación da una excelente señal de reorientación de política pública y permite corregir la regresividad que implica el AFI como instrumento de financiamiento, al redistribuir los recursos de forma más equitativa.

El gesto más simbólico fue someter a aprobación dentro de la glosa presupuestaria el Programa 29, dirigido al "fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas" y que implica un esfuerzo por apoyar a las universidades estatales. Esta última medida no ha estado exenta de polémica entre las universidades privadas del Consejo de Rectores que la ven como una amenaza a la unidad del organismo.

Lo importante en Chile es entender que en otros países el Estado se hace cargo financieramente de sus universidades. Que después de treinta años de una política que promovió el lucro a costa de los estudiantes se dé señal de apoyar a las universidades estatales, es dar un paso definitivo a la transformación del sistema. Desde ahí, se valora altamente que el parlamento haya apoyado medidas que propenden a una mayor equidad en el sistema y gozan de alta legitimidad ciudadana.