Señor Director:

Esta semana ha aparecido una encuesta de opinión que muestra que cerca del 70% de la población está de acuerdo con el cambio constitucional (Radio Cooperativa, Imaginacción y Universidad Central). Al margen de las dudas que puedan generar los sondeos de opinión pública de esta naturaleza o sus eventuales márgenes de error, es indiscutible que marca una tendencia. Lo relevante, sin embargo, es que este y otros instrumentos que van en la misma línea echan por tierra los permanentes cuestionamientos que sectores políticos interesadamente han hecho acerca de la necesidad, o más bien la ausencia de ella, de contar con una nueva constitución, argumentando que no es prioridad de los/as chilenos/as porque son otros los temas que nos preocupan.

Cómo no va a ser prioridad pensar en el país, el modelo de desarrollo, el sistema educación o de salud que queremos. O la relación que tendremos con el medio ambiente, el rol del Estado e incluso el del mercado.

Asumir que eso no es relevante es de una profunda mezquindad, más cuando nos dicen que deben ser unos pocos quienes tomen esas decisiones por nosotros. Lo que queda claro con ese tipo de argumentos, es que no es de interés de ellos, porque cómplices como fueron de una constitución que carece de legitimidad de origen, no quieren abandonar su seguridad cómoda y abrirse a un debate verdaderamente democrático.

Como sea, es indiscutible que estamos frente a una oportunidad histórica y acaso única para pensar como colectivo, como sociedad que se reconoce en la diversidad- el país que queremos. Sin embargo, se debe tener claro que debemos vencer un conjunto de obstáculos para alcanzar ese fin. Por lo mismo, tiene sentido que una de las etapas del proceso sea la educación cívica, porque requerimos herramientas para integrarnos a una discusión de esta envergadura. La participación es una relación de doble vía, como señalaba un querido profesor: la oportunidad que se abre desde la política y la capacidad de tomar esos espacios. Hoy tenemos un déficit en ambos.

En ese marco las universidades y particularmente las facultades de educación tienen mucho que aportar, reconociendo y reivindicando el sentido profundamente político del acto de educar. Y no puede ser de otra forma cuando lo que está en juego es la formación de quienes en un futuro cercano serán los responsables de conducir el desarrollo de nuestro país o de educar a nuestros/as niños y niñas.

Por lo mismo mirarnos, revisarnos y recuperar nuestro rol social y político, como instituciones formadoras es de la mayor relevancia, porque en la era de la información y el conocimiento la técnica y la transmisión de datos se han erigido en la finalidad del acto educativo.

Sin embargo, sabemos que eso no basta. Menos cuando requerimos que sea la ciudadanía la que tome los espacios y el protagonismo en la generación de los cambios que nos conviertan en una sociedad desarrollada, en que la justicia social, los derechos humanos y la democracia sean valores irrenunciables.