Pedro Bárcena González

Ante el peligro que no comparezcan a los procedimientos ligados a la indagatoria que se abrió en su contra, los tres jóvenes colombianos detenidos en pleno centro de Castro por su vinculación a un caso de narcotráfico, quedaron privados de libertad. Una nueva arista investigativa que relaciona a extranjeros en estas prácticas ilícitas en la provincia.

El dispositivo que terminó en la captura de los imputados fue gestado por efectivos del OS-7 de Carabineros de Puerto Montt, después de analizar los antecedentes reunidos tras meses de trabajo de inteligencia. Un despliegue que comenzó tras una denuncia anónima evacuada desde los mismos vecinos.

La información fue canalizada por la oficina de Microtráfico de la Segunda Comisaría de Castro que remitió estos datos a la unidad especializada de la capital regional. Con las instrucciones emanadas del Ministerio Público se logró recopilar evidencia informativa, en especial gracias a escuchas telefónicas y procesos de vigilancia, que llevó a cristalizar el operativo.

Alrededor de las 23 horas del jueves, los efectivos policiales sometieron a un control de identidad a uno de los sospechosos. Junto con hallarle en su poder una pequeña cantidad de droga, se procedió al allanamiento de dos departamentos ubicados a menos de dos cuadras de la Plaza de Armas castreña. En esos domicilios se incautó el grueso de la sustancia ilegal.

De acuerdo a lo señalado por el subprefecto Patricio Yáñez, se decomisaron 113 gramos de clorhidrato de cocaína y la suma de 380 mil pesos. "Lo mismo sucedió con otros elementos que tienen relación con el tráfico habitual, como pesas, teléfonos celulares y elementos dosificadores", aclaró.

Como enfatizó el oficial, la cantidad del alcaloide puede transformarse en mil dosis, ante lo cual resaltó el éxito del despliegue al sacar de circulación esta peligrosa sustancia.

Los foráneos detenidos fueron identificados con las iniciales V.V.E. (37), J.E.H. (39) y H.A.M. (26), quienes tendrían residencia en Chiloé entre seis meses y más de un año.

audiencia

Durante la tarde de ayer, los sujetos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Castro, donde se acreditó la legalidad de la detención, pese al rechazo del defensor de los jóvenes, Mauricio Díaz, quien aseguró que el control de identidad no estuvo ajustado a derecho.

"No existían indicios claros que se estaba cometiendo algún delito. El imputado se encontraba solo, no estaba realizando ninguna transacción ni nada ilegal, pero igual fue sometido a este procedimiento", aseveró el abogado.

En la misma audiencia, la fiscal Karen Rosas formalizó a los colombianos por el delito de tráfico en pequeñas cantidades. Además, solicitó la cautelar más gravosa.

"Se pidió la prisión preventiva por el peligro de fuga que existe en este caso", afirmó la persecutora, reconociendo que ninguno de los aprehendidos tiene antecedentes delictivos anteriores en el tiempo en que han permanecido en el país. Eso sí, se oficiará ante la Fiscalía Nacional y Cancillería el extracto de filiación respectivo que tienen en su nación de origen.

La investigación fue fijada en 60 días. Aunque la representante del Ministerio Público adelantó que los imputados no estarían vinculados a otros casos en que personas de la misma nacionalidad han caído por delitos similares -especialmente con raíces en Quellón-, se esperan diligencias específicas para conocer los alcances de la red que estaría asociada a la eventual venta de "coca" que habrían realizado en el centro de la Isla. J

"Hay que destacar el aporte de la comunidad en la entrega de información", Patricio Yáñez, subprefecto de Carabineros de Chiloé y Palena.

El defensor Mauricio Díaz se opuso a la solicitud de prisión preventiva para los imputados, señalando que "todos tienen arraigo social y familiar. Se dedican a la extracción de pelillo y tienen sus papeles al día, son residentes autorizados en el país. Incluso, uno de ellos tiene cerca de seis años en Chile".

Asimismo, el abogado enfatizó en el punto que todos "tienen irreprochable conducta anterior".

En tanto, en la audiencia se fijó una caución económica de 3 millones de pesos por cada uno para modificar la cautelar que pesa sobre los extranjeros.

"No existían

indicios claros

que se estaba

cometiendo

algún delito".

Mauricio Díaz, defensor,