El fortalecimiento de la educación pública es uno de los compromisos presidenciales más emblemáticos contenidos en la reforma educacional y una de las máximas preocupaciones entre autoridades, políticos y expertos para combatir la segregación del actual sistema escolar en Chile.

Por eso, el Gobierno ingresará finalmente esta semana el esperado proyecto de ley que crea un nuevo sistema de educación pública, que vendría a complementar la ya promulgada Ley de Inclusión -que prohíbe el lucro, termina con el copago y pone fin a la selección- y la iniciativa en trámite de carrera docente.

El proyecto contempla sacar las escuelas de los municipios y que en un plazo gradual de seis años pasen a ser administradas por los nuevos servicios locales que dependerán, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico, directamente del Ministerio de Educación.

¿Por qué? Según explicó a Emol el académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), Cristian Bellei, la propuesta del Gobierno se justifica en que "nuestros municipios no son agentes profesionales especializados en educación", lo cual podría explicar en parte la crisis que atraviesa el sistema.

"Son débiles porque tienen un bajo componente profesional. En general, son muy atomizados, tienen muy pocos recursos como organización y tienen muchos problemas que resolver dentro de los cuales la educación no necesariamente es el más importante, de hecho, para muchos tampoco es el más urgente", aseveró.

Actualmente, existen en el país cerca de 5.300 establecimientos escolares municipales; mil menos que los particulares subvencionados y casi ocho veces más que los completamente privados.

caída

Si bien es uno de los sectores al que asiste un mayor número de escolares a nivel país -más de 1 millón 300 mil- la dependencia de los municipios y la creciente oferta de colegios particulares subvencionados han ido poco a poco mermando el actual sistema educacional público.

En los últimos años, no solo la matrícula en el sector ha perdido a más de 600 mil alumnos, sino que también la mayoría de las municipalidades se enfrenta a crisis financieras por destinar recursos extras a educación, además de la subvención que aporta el Estado.

En 2014, por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) estimó que existe una deuda cercana a los $270 mil millones entre los más de 300 municipios que componen el país.

A este complejo escenario se suma otro factor asociado, como es el nivel de vulnerabilidad de los alumnos, que mayoritariamente pertenecen a los primeros dos quintiles de ingreso del país, según la última Encuesta Casen (2013).

La brecha también aumenta debido a que mientras algunos colegios de carácter particular pueden entablar procesos de selección para sus alumnos, el sistema municipal no. J

Por otro lado, Chile es también uno de los casos más anómalos en relación a otros países del mundo en materia de educación pública; no solo es el que tiene la oferta más reducida en este ámbito de aquellos que integran la OCDE, sino que también es uno de los pocos sistemas que además de asignar recursos a las escuelas del Estado, también financia las particulares (subvencionadas).

En ese sentido, Bellei explica que es primordial que la educación pública cuente con equipos profesionales a nivel descentralizados que trabajen en forma directa con las escuelas, con apoyo y asesorías en terreno.