Señor Director:

El lunes recién pasado celebramos el envío al Congreso de los proyectos de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez y el que crea la Subsecretaría de la Niñez. Dichas propuestas, hoy más cerca de convertirse en una realidad en Chile, suponen dejar atrás los avances aislados y construir para adelante una fuerte política pública que, no solo promueva, vele o restituya derechos, sino que, por sobre todo, garantice derechos. Y, aunque parezca lo mismo, las obligaciones para el Estado deberían cambian sustancial y formalmente. No es lo mismo velar por los derechos de los niños en la medida de lo posible, que obligarse a garantizar sus derechos.

Una ley que garantiza derechos, implica para el Estado, una visión de conjunto de todos los derechos, así como de todos los niños, niñas y adolescentes, cualquiera sea su situación socio familiar o su condición étnica, migratoria o de género, entre otras. Implica también la articulación de todas las políticas focalizadas y universales, un hilo conductor en las metas de desarrollo que se definan a nivel país y por sobre todo un ente rector responsable de hacer cumplir estas metas, no solo a nivel central, sino que también en cada comuna. Y como muchos advertirán, implica también, la voluntad política de destinar presupuesto de la nación de manera sostenida en el tiempo, para que una ley de garantía promulgada sea también una ley efectivamente implementada.

Actualmente en Chile, cerca de cinco millones de niños, niñas y adolescentes, es decir, sujetos de derechos y ciudadanos (la edad no determina este atributo), merecen que el Estado ponga fin a tantas historias de vulneración temprana de derechos, donde solemos llegar tarde como sociedad, y genere para ellos un nuevo contrato social, a la altura de los compromisos internacionales y a la altura de un país que no se cansa de repetir que somos parte de la OCDE.

Si bien nuestro país, conmemoró recientemente 25 años de la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño, lo cierto es que, al día de hoy, no contamos con un sistema integral de garantías de derechos de la niñez, ni con un órgano rector de todas las políticas de infancia, y mucho menos, con metas de desarrollo a nivel país, que le digan a cualquiera sea el gobierno de turno, cuales son las garantías mínimas que deben asegurarse a todo niño, niña o adolescente, para crecer protegido y alcanzar su pleno desarrollo.

En el día de hoy, el Gobierno ha tomado la iniciativa de dejar de ser espectador en la protección integral de los derechos de la niñez en Chile, lo que reconocemos con mucho entusiasmo, sin embargo, ahora nos queda tomar conocimiento del articulado final del proyecto, para corroborar si la iniciativa del ejecutivo, es lo suficientemente maciza para ponernos al día con los estándares internacionales, que se toman verdaderamente en serio la protección integral de los derechos de la niñez.

Aldeas Infantiles SOS, institución que trabaja en Chile y en el mundo, con los niños, niñas y adolescentes, más vulnerados en sus derechos que han perdido el cuidado parental, espera que con el ingreso de los proyectos de ley, que hoy tuvieron lugar, se abra un espacio para la participación de la sociedad civil en su proceso de tramitación en el Congreso, y que logremos entre todos, concretar en un futuro cercano una legislación sólida, que cuente con presupuesto, y que sea por sobre todo, capaz de impactar en la prevención de diversas situaciones de vulneración de derechos, que podrían afectar a millones de niños y niñas que viven en Chile.