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Cerca de una treintena de vecinos llegó hasta la Plaza de Armas de Ancud ayer para realizar un cacerolazo por los cobros retroactivos de tarifas eléctrica que están apareciendo en las boletas de luz de la empresa Saesa.
Según explicó el concejal Rodolfo Norambuena, la concesionaria anunció el aumento de tarifas en la cuenta de "luz", incorporando decretos tarifarios no cobrados desde hace cuatro años a la fecha, agregando que las deudas del período bordean en promedio los 23 mil pesos para una familia de cuatro personas, a pagarse en seis cuotas, por lo regular.
Agregó el edil que la Comisión Nacional de Energía (CNE), dependiente del Ministerio de Energía, cada año informa decretos tarifarios que regulan el precio de la energía, al alza o la baja según sus costos de producción, pero desde marzo de 2011 y hasta 2014 la autoridad no realizó dicha publicación, por lo que ahora las distribuidoras nacionales están aplicando reliquidaciones .
Sumó, que por instrucción de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las nuevas tarifas desde enero de 2015 deben incorporar lo no cobrado durante los cuatro años, monto que no deberá superar el 25% del total del consumo.
"Hacemos un llamado a los municipios a que a través de sus asesorías jurídicas y de sus abogados puedan presentar estos recursos y así juntar fuerza. Podemos ejercer presión desde los recursos legales y desde las calles", señaló Norambuena.
Agregó el independiente que es el deber de la comunidad informarse y para ello hay varios canales para conocer por qué se hacen estos cobros que tildó de "arbitrales".
"Este es el principio (marchas), entendiendo que no es el único problema. Esta es una muestra de un montón de problemas donde los vecinos son pasados a llevar", apuntó el edil.
chiloé activo
Diela Alarcón, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chiloé, Chiloé Activo, manifestó que es importante que en el Archipiélago los municipios hayan tomados los liderazgos para presentar recursos de protección por este escollo.
"Pienso que es la única manera de que el Estado entienda que ellos deben solucionar el problema para los ciudadanos y es así, con la unión de la gente", recalcó la dirigenta.
Dijo la misma fuente que todas estas acciones que se interpusieron en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt buscan presionar a la autoridad, ya que firmó los decretos y no tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos.
Por su parte, la vecina Jessica Velázquez, a quien se le ordena cancelar 7 mil pesos por mes durante medio año, decidió llegar hasta el centro de la ciudad y participar de este cacerolazo que contó con escasa asistencia.
"Guagua que no llora, no mama; los abusos de estas empresas malditas están haciendo pebre a toda la clase media de este país y creo que debiera venir más gente y difundir estas cosas", comentó la isleña.
Recalcó la usuaria que es importante que la ciudadanía pueda tomar conciencia de esta situación y hacer sentir su malestar. J