l Luis Contreras Villarroel

A quince meses desde que la fundación del Instituto de Educación Rural (IER) cerró sus puertas en la capital provincial, finalmente esta semana se oficializó el pago de una millonaria indemnización a sus 27 ex trabajadores que en su momento fueron despedidos.

La medida de término de la entidad que se ubicaba en su último período en el pasaje Monjitas respondió a una profunda crisis por la cual cruzó la institución y que redundó en el despido de sus funcionarios a partir de diciembre de 2013.

Producto del no pago de los finiquitos con todos sus beneficios respectivos, es que los ex empleados recurrieron a la justicia ingresando una demanda laboral en el Juzgado de Letras y del Trabajo, el que finalmente condenó a la entidad a una suma inicial de 535 millones de pesos.

Julio Álvarez, abogado demandante en la causa, recordó que debido a la inexistencia de fondos y de un mecanismo para ofrecer el pago es que se optó por el embargo de dos bienes de la fundación.

"Embargamos la propiedad de más de 80 hectáreas ubicadas aquí en Castro y además embargamos las subvenciones educacionales", señaló el jurista.

Señaló que el proceso impago dio paso a la reorganización de la deuda con el propósito de evitar la quiebra de la fundación que se encontraba imposibilitada de cancelar recursos económicos y, por lo mismo, de generar dineros para solventar las millonarias deudas.

El jurista expresó que "el primer paso que dio el IER para no caer en quiebra fue precisamente iniciar las conversaciones con nosotros que teníamos retenidas estas platas y nos ofrecieron la posibilidad de conciliar".

Álvarez aseguró que el proceso de diálogo y acercamiento concluyó con el pago de una suma cercana a los 590 millones de pesos, correspondiente al 92% del total de la demanda emprendida contra la institución. Bajo esta condición el IER evitó la quiebra de la entidad educacional.

Sostuvo el profesional que estos dineros que ya están en vías de cancelación son por concepto de remuneraciones, años de servicio, falta de aviso y cotizaciones, entre otras prestaciones.

Los ex trabajadores del desaparecido Liceo Acuícola y Agropecuario Chiloé corresponden a docentes, asistentes de la educación, auxiliares y personal administrativo de la entidad. J

l Un promedio de 400 alumnos procedentes del mundo rural formó parte de las aulas del Liceo Acuícola y Agropecuario Chiloé que dependió del Instituto de Educación Rural (IER) y que funcionó hasta fines de 2013 entregando dos ofertas académicas.

Precisamente en especialidades ligadas a estos dos ámbitos productivos se perfeccionaron los estudiantes en Castro.

Luego del término del funcionamiento del plantel educacional, los alumnos de enseñanza media se reubicaron en otros establecimientos chilotes que cuentan con alternativas técnico-profesionales.

l Un saldo negativo dejan los diversos incendios forestales ocurridos durante las últimas semanas y que han arrasado con un total de 725 hectáreas de superficie vegetal en la provincia de Chiloé.

Las emergencias obligaron a la Onemi decretar alerta roja en Castro, Dalcahue y Chonchi. Una medida levantada durante los últimos días producto del control y extinción de los principales focos. El balance igual incluyó otras emergencias de menor magnitud ocurridas en Ancud y Quemchi, principalmente.

Pedro Bahamondez, gobernador provincial, explicó que a consecuencia de las últimas precipitaciones la situación por el estado de emergencias cambió de manera considerable.

subterráneos

"Hay una situación de control, como es conocido muchos de estos incendios están en condición de incendios subterráneos", dijo, junto con manifestar que "su liquidación total se produce una saturación de lluvia en el suelo, pero que en este caso no estarían sujetos a propagación".

Bahamondez manifestó que en estos momentos no existe personal realizando combate de incendios, precisando que solamente los incendios activos están en una fase de observación. Este es el caso de Las Compuertas en Castro y Dalcahue, Punahuel en Castro y Dicham en Chonchi que presentan siniestros bajo la superficie. Sumó que un alto porcentaje de las emergencias se concentró en predios rurales privados.

Respecto a un plan de reforestación, el personero señaló que "es un tema pendiente que hay que trabajarlo".

Sin embargo y a pesar del control de los focos, se mantiene vigente la prohibición del uso del fuego para fines agrícolas hasta el próximo 31 de marzo como medida preventiva en los predios rurales del Archipiélago.

A raíz de los efectos devastadores de los siniestros forestales, el municipio de Dalcahue firmó un convenio de cooperación con una empresa, el que permitirá que sean reforestadas 60 hectáreas de terreno dañadas por las llamas. J