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El fin de semana pasado se dio fin a la Consulta Indígena que buscó recabar la opinión de cada uno de los nueve pueblos originarios del país, respecto de la creación de una nueva institucionalidad representada en un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas. Esto bajo la idea de avanzar en establecer una nueva relación entre el Estado y estas comunidades.

Así lo aseguró Daniela Pradenas, seremi de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, secretaría a cargo de realizar la consulta en la provincia de Chiloé. "Se concluyó con un gran encuentro nacional de todos los pueblos y resultaron aprobadas las dos propuestas que teníamos desde el Estado", recalcó.

Esta iniciativa es un mecanismo que busca facilitar el diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas y fomentar su participación para tomar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas directamente.

El encuentro nacional que coronó el proceso se realizó el 30 y 31 de enero pasados en la comuna de San Esteban de la Región de Valparaíso, y reunió a cerca de 150 representantes de los nueve pueblos que conforman el mapa indígena chileno, desde Arica a Magallanes.

Específicamente en Los Lagos, Pradenas detalló que asistió una delegación con 22 representantes. "De la provincia de Chiloé fueron seis personas, entre dirigentes y autoridades ancestrales", aclaró.

Detalló, asimismo, que el proceso de consulta comenzó en septiembre de 2014 y se inició con la presentación de las dos propuestas -el ministerio y el consejo-. "Estas fueron explicadas en reuniones y luego los participantes las analizaron en sus propias comunidades con dirigentes o asesores legales para después hacer propuestas de mejoras a la original", manifestó.

Se calcula que en toda la Región de Los Lagos hubo un promedio de 40 asistentes en cada una de las 44 reuniones efectuadas entre las comunidades y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. "En total, participaron cerca de mil personas", puntualizó Pradenas.

No obstante y a pesar de que la seremi expresó que "como ministerio y como Gobierno estamos muy satisfechos de que la consulta haya concluido de esta manera", algunas de las comunidades más emblemáticas de la provincia dicen no adherir al proceso y sus resultados.

Representatividad

El lonco del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé, Fidel Raín, que representa a 13 comunidades de Ancud, Queilen y Achao, recalcó que si bien ellos participaron en una primera reunión realizada en Castro, previa a la Consulta Indígena, no fueron parte de sus resultados.

El lonco mayor de la Comunidad Autónoma de Weketrumao señaló que la consulta de gobierno no cumple con el espíritu del Convenio 169 y explicó que en la oportunidad exigieron que antes de contar con su apoyo debían derogarse los decretos 66 y 40, reglamentos que regulan los procesos de consulta indígena en la tramitación ambiental de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

"Nosotros participamos en una primera reunión y entregamos un documento en el que decíamos que no estábamos de acuerdo con la consulta porque antes tenían que derogarse los decretos que invalidan el Convenio 169, pero después de que entregamos eso nadie nos ha avisado nada más", expuso.

A pesar de que tras terminar la primera etapa de esta iniciativa, en noviembre del año pasado la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, junto a su par de Medioambiente, Pablo Badenier enviaron a revisión los mencionados decretos -que fueron el mayor conflicto en esta consulta indígena-, la señal no fue reconocida por el consejo que preside el lonco Raín, puesto que lo que se buscaba era su derogación.

La autoridad williche reafirmó que "un ministerio no nos sirve de nada si no se invalidan estos dos decretos", sumando que la consulta no le parece representativa porque "su radio de acción, tal como ocurrió con el Puente de Chacao, es muy reducido y creemos que deben consultarse a todas las comunidades mapuche-williche de la Isla de Chiloé".

Efectivamente, según la seremi de Desarrollo Social, Daniela Pradenas, en toda la consulta "hubo gente que renunció a su derecho de participar si no se derogaban los decretos 66 y 40, especialmente en sectores de Ancud y Quellón". Destacó que esta situación se dio en los primeros meses y que "si bien no vamos a discutir que hubo gente que acudió a las primeras convocatorias y expresó su desconfianza en el proceso porque la normativa vigente no les da garantías, la consulta se hizo en el marco del Convenio 169, donde nadie puede obligar a nadie a participar".

Otro de los organismos que asegura no haber sido parte del sondeo de gobierno, fue el Consejo General de Caciques Williche de Chiloé, agrupación histórica cuya mayor representación está en la comunas de Chonchi, Queilen, Castro, Quellón y Quinchao.

Según cuenta Manuel Muñoz, cacique de la comunidad williche de Nercón y miembro del consejo general, esta institución también participó de una reunión previa que se realizó en el Centro Mapu Ñuke de Natri Bajo en Chonchi.

En la oportunidad, se habrían hecho presentes varios requerimientos para mejorar la propuesta estatal del futuro Ministerio de Pueblos Indígenas, pero no hubo más información sobre el destino de esas demandas.

El cacique y antropólogo manifestó que "el proceso de la Consulta Indígena en todo el país ha sido bastante criticado". Dijo que no fue un ejercicio que tenga en consideración la diversidad cultural "una diversidad que tiene tiempos, protocolos y representaciones diversos". Criticó la metodología y aseguró que esta no se habría desarrollado conforme a lo que establece el Convenio 169.

"Pretender desarrollar un proceso de consulta con el mismo ritmo que la administración del Estado lo establece, como si se tratara de metas productivas, no funciona. Mientras haya esa disposición para establecer vínculos con los pueblos indígenas sin tomar conciencia de la diversidad, entonces no va a haber un proceso que sea ampliamente participativo y que alcance altos niveles propositivos", recalcó.

Reconocimiento

Pero Manuel Muñoz fue más allá. Argumentó que la falta de participación en la consulta tiene que ver con un problema más profundo. "No podemos crear un Ministerio de Pueblos indígenas si en Chile la Ley Indígena solo reconoce etnias. Mientras no haya reconocimiento será muy difícil", apuntó.

El cacique señaló que los avances deben partir por un cambio en la Constitución, aunque reconoció que la propuesta de un ministerio es al menos una señal "para superar la actual crisis que existe en la relación del Estado con los pueblos indígenas".

La seremi Daniela Pradenas defendió el ministerio. Puntualizó que hoy la única institución directamente involucrada en materias de pueblos originarios es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) "y los habitantes de la Región de Los Lagos y particularmente de Chiloé saben muy bien que la Conadi no da abasto para atender las distintas problemáticas".

A su vez, la personera recalcó que el sentido de crear este ministerio es "dar una institucionalidad que se haga cargo del desarrollo, ejecución y del mejoramiento de políticas públicas destinadas a los pueblos originarios de nuestro país" y que si bien la población indígena es mucho más que los mil asistentes a las reuniones desarrolladas, los resultados no tienen que ver solo con los números.

"Al final lo que nos parece importante es el fondo y es que vamos a contar con una nueva institucionalidad para empezar a cumplir y a emparejar la cancha en lo que el Estado le entrega a las comunidades indígenas".

A pesar de las críticas, lo cierto es que el proceso de consulta en cada región ya finalizó y, como aclaró la seremi ,"lo que corresponde ahora es que las propuestas del Estado ya mejoradas vayan al Congreso. Queremos que con seguridad al término del mandato de la Presidenta Bachelet este ministerio esté funcionando y no seguir retrasando el desarrollo de una política más completa dirigida a nuestros pueblos originarios". J