l En un dictamen calificado como "sin precedentes" por Julio Álvarez, abogado del demandante, la Corte Suprema falló a favor de un ex trabajador del Servicio Agrícola y Ganadero que fue despedido en 2013.

De acuerdo a lo indicado por el profesional, su representado Iván Arriagada laboró en el organismo en calidad de honorarios entre el 2006 y el 2013 hasta que fue despedido, por lo que en el requerimiento se buscó establecer que esa condición no era tal.

"Nosotros demandamos sosteniendo que en verdad esa relación de honorarios no era tal sino que escondía una relación laboral y que, por ende, correspondía que se le paguen todas las prestaciones de esa calidad: años de servicio, falta de aviso, feriado, cotizaciones previsionales", expuso el jurista.

En este sentido, en una primera instancia el fallo fue favorable al trabajador castreño, mientras que posteriormente la Corte de Apelaciones revocó la sentencia.

"Nosotros recurrimos a la Corte Suprema, la que en un fallo de unificación de jurisprudencia resuelve que aunque se trate de un servicio público, rigen igualmente las prevenciones de protección de todo trabajador y por ende, corresponde que se le paguen todas sus indemnizaciones y prestaciones", señaló Álvarez.

protección

Además, el profesional mencionó que "igualmente se declaró nulo el despido hasta el pago de las cotizaciones previsionales que le corresponden", sumando que "es en verdad un fallo histórico de protección al funcionario público".

De esta forma, el tribunal ordenó que el trabajador deba recibir cerca de 15 millones de pesos, a lo que se suman todas las cotizaciones previsionales adeudadas.

Igualmente, en los últimos días se instruyó una orden de embargo en contra del SAG, por lo que se procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o inmuebles suficientes para el cumplimiento íntegro de la ejecución y sus costas. J

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Dos escenarios diferentes encontraron grupos de ladrones que enfrentaron en los últimos días sendos juicios orales por atracos cometidos en Castro. Mientras unos cumplirán penas de crimen, otros liberaron de la cárcel.

Por el ataque delictivo que afectó al conocido músico y luthier Claudio Miranda, tres de los acusados fueron sentenciados a 5 años y un día de presidio efectivo (una cuarta implicada fue condenada a 3 años y un día de libertad asistida intensiva).

Esta drástica sanción recayó sobre los isleños de iniciales J.M.C., L.C.G. y C.N.P., quienes participaron del ilícito ocurrido el 8 de febrero pasado, en el domicilio de la víctima ubicado en calle Arica de la capital chilota. En "cadena" intentaron sustraer diversas especies, siendo detectados por vecinos y luego detenidos por Carabineros.

Como enfatizó la fiscal Karen Rosas existe "conformidad" por esta resolución judicial, en especial, "porque se logró acreditar el robo en lugar habitado y la participación de todos los imputados en calidad de autores", aclaró. Agregó que las penas "están ajustadas" al rango solicitado, más allá que no se consideraran las agravantes invocadas.

Por su parte, Luis Mora, defensor de los tres sujetos encarcelados, indicó que "analizaremos el fallo para ver si recurrimos, ya que insistimos en que no existió participación de todos".

recalificación

En tanto, dos jóvenes fueron condenados por su responsabilidad en otro atraco perpetrado en marzo del año pasado en calle Eduardo Provasoli, en el sector alto de Castro. Ambos arriesgaban severas penas, pero una recalificación del delito a robo en lugar no habitado les permitió, incluso, ver levantada la prisión preventiva que pesaba en su contra.

Para el imputado de iniciales P.M.M., la misma fiscal Rosas había solicitado inicialmente 10 años de presidio, mientras que para su amigo de fechorías identificado como L.A.A., invocó 8 años de reclusión.

No obstante, como lo aclaró la persecutora, "no se logró acreditar que el inmueble estaba destinado para la habitación, por lo que cambió la figura penal. De esta forma, se dieron las eventuales penas por cumplidas por el tiempo en que han permanecido privados de libertad, levantándose esta cautelar".

Como explicó la defensora de los jóvenes, Francisca Pérez-Cotapos, ambos quedaron "con firma semanal luego de comprobarse lo que siempre sostuvimos, que se trataba de un robo en lugar no habitado y en calidad de tentado, una situación que nos tiene muy conformes".

La profesional aclaró que se utilizó la misma prueba empleada por el Ministerio Público durante el juicio, que incluyó a vecinos y efectivos policiales que participaron del procedimiento.

El fallo será entregado este miércoles en la misma sala, tras lo cual la fiscal Rosas enfatizó que "se evaluará la apreciación del tribunal para esta resolución y así ver si recurrimos de nulidad". J