l Luis Contreras Villarroel

Una nueva polémica se ha desatado luego que la directiva comunal del Partido por la Democracia (PPD) de Ancud denunció desvinculaciones, acoso laboral y político en el Servicio de Salud Chiloé.

El partido de la Nueva Mayoría que ha tenido fuertes pugnas con la Democracia Cristiana rechazó la forma en que tres dirigentes del PPD de Castro fueron despedidos de sus funciones, siendo notificados gradualmente desde el pasado 30 de noviembre.

Los empleados que aún prestan servicios profesionales corresponden al ex jefe del departamento de administración interna, Mauricio Castillo; el abogado del área jurídica, Raúl Cortés, y el encargado del área de finanzas, Renato Toro. Todos son directivos en la capital provincial de la colectividad presidida por el senador Jaime Quintana.

Ante esta situación el comité base ancuditano de la tienda política acusó por parte de la dirección del Servicio de Salud Chiloé "a una seguidilla de sumarios como una forma de amedrentar y hostigar. En el caso de Mauricio Castillo, se iniciaron cinco sumarios infundados por meras declaraciones de funcionarios de confianza de la directora, ocasionándole además un desmedro económico".

En la misma declaración firmada por Roxana Cárcamo, presidenta comunal, se agrega que entre los destituidos aparece igualmente el asesor jurídico del S.S. Chiloé: "Se fundamenta esta sanción que estos dos trabajadores participaron de una unidad técnica en una licitación pública de construcción de dos centros de salud".

Agrega que dicho equipo lo integraban otras seis personas y que se sancionó solamente a los dos militantes del PPD.

El escrito explica además que "esta grave situación no tiene otro objetivo que privar a nuestro partido de todo su cuadro directivo en salud, de este servicio público, e impedir que nuestro compañero Mauricio Castillo avance en el concurso público como director del Servicio de Salud Chiloé".

La propia dirigenta acusó en tal sentido discriminación política e ideológica, invocando incluso la Ley Zamudio.

finanzas

Frente a ello, el ex jefe del área de finanzas del Servicio de Salud Chiloé, Renato Toro, insistió que existe "un análisis más político que técnico, no hay una concordancia con el trabajo técnico que hace uno al interior del servicio".

El profesional fue claro en manifestar que la decisión de despido responde "a un tema netamente político, que hay un problema entre el Partido Demócrata Cristiano y el PPD, y eso era la salida que a nosotros se nos hace".

Toro aseveró que estudiará el emprendimiento de posibles acciones legales, materia que deberá resolverse con la debida asesoría jurídica.

Manifestó que tampoco existe un análisis de la Circular N° 35 del Ministerio de Hacienda que instruye a los jefes de servicios que para terminar contratas de funcionarios públicos deben fijarse en las calificaciones de los funcionarios, mientras que el despido debe ser objetivizado.

Los tres ex funcionarios que estaban en calidad de contrata cumplirían funciones hasta el próximo 31 de diciembre en el organismo público.

Respecto a los cuestionamientos del PPD, La Estrella tomó contacto con Paulina Reinoso, directora del Servicio de Salud Chiloé. Desde una persona de confianza de la personera se señaló que por encontrarse fuera de la provincia ayer no pudo atender nuestro llamado. J