l La defensa de los imputados, representada por Nelson Troncoso, mantuvo su tesis sobre la solo existencia de un delito de lesiones graves, desestimando también el hurto. Por ello, se opuso a la prisión preventiva y apelará a esta resolución en el tribunal de alzada en busca del arresto domiciliario total.

Indicó que "no se dan los presupuestos materiales de la violación y el hurto. No existen antecedentes suficientes que hagan presumir que se cometieron estos delitos". Enfatizó que la investigación debe ser acorde a lo que la víctima relata. "El joven no habla de violación", acotó, sumando que "las lesiones proctológicas fueron producto de otros elementos".

Asimismo, el defensor desestima el informe médico preliminar, explicando que "corresponde que el Servicio Médico Legal se pronuncie por estos casos". Agregó también que la declaración de Carabineros "no está corroborada, solo la entrega un funcionario".

Junto con rechazar las agravantes invocadas, Troncoso aseguró que concurre la colaboración sustancial, ya que sus representados "declararon, se posicionaron en el lugar de los hechos, uno reconoce las lesiones y permitió la incautación de sus ropas". Eso sí, esta atenuante fue desvirtuada por la Fiscalía, que sí reconoce la irreprochable conducta del menor de los imputados. J

l La falencia de estamentos especializados nuevamente se observó en Chiloé con este caso, en especial, en cuanto a pericias biológicas que permitan determinar la existencia del delito sexual.

Como recalcó el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, "vemos la dificultad del sistema en cuanto a la disponibilidad de recursos, no existe un despliegue o una capacidad ya instalada de los laboratorios como para tener los recursos de este tipo de muestra. Los tres meses para investigar podrían abarcar esta espera que necesitamos para estos informes".

Bajo este contexto, el abogado del persecutor confesó que "esperamos mejores instalaciones y mayor cobertura de la policía científica. Cada día acreditar los delitos requiere de un estándar probatorio mucho mayor, ahí necesitamos policía experta y la policía científica como soporte fundamental para estos delitos que son más graves". J

l Pedro Bárcena González

En prisión preventiva quedaron los dos sujetos vinculados al sangriento ataque sexual sufrido por un joven, al interior de su vivienda emplazada en el sector alto de Castro. Después de ampliarse por tres días su detención, ayer fueron encausados en el Juzgado de Garantía local ante la expectación de sus amigos y familiares.

Detallando antecedentes impactantes de la agresión, que incluso calificó "de una brutalidad pocas veces vista", el fiscal Enrique Canales formalizó a los imputados por el violento incidente registrado el viernes en la casa de calle Galvarino Riveros, que dejó grave a la víctima de 31 años.

En el caso del isleño de iniciales G.N.D. (29) se presentaron cargos por el delito de violación, mientras que su amigo, identificado como S.S.T. (24), será investigado por este misma figura legal y por hurto, ya que se le asocia en la sustracción de 25 mil pesos pertenecientes al afectado.

La génesis del bestial ataque sería un altercado por plata, en medio de una larga jornada marcada por el alcohol y las drogas. Como especificó el abogado, la víctima le habría solicitado el dinero del arriendo al menor de los imputados, con quien vivía hace unos meses. "Ahí surgieron unas amenazas", acotó el jurista, las cuales habrían impulsado al tercer interviniente a emprender una cruda embestida con el dueño de casa.

El mismo joven de 29 años reconoció en su declaración que golpeó en reiteradas ocasiones al castreño. Es más, Canales enfatizó que "causa estupor la frialdad en que relata la dinámica de los hechos", aseverando que utilizó unas botellas para agredirlo en la cabeza y otras partes del cuerpo, como también golpes de pies y puños.

Pero esta paliza no sería todo. Respaldado en los antecedentes entregados por Carabineros que llegó al sitio del suceso y capturó en flagrancia a los involucrados, como también en las conclusiones médicas preliminares, el Ministerio Público sustentó el ataque sexual.

El fiscal explicó que "el sargento usando su bastón corre la cortina y vio como la víctima estaba arrodillada y las acciones emprendidas por los imputados". Mientras el menor de estos mantenía reducido al afectado, el otro supuestamente lo accedía carnalmente.

Asimismo, la información emanada desde el Hospital de Castro, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos el isleño, fue contundente. Junto a los traumatismos craneales producto de los golpes que sufrió, los múltiples escalpes (desprendimiento) del cuero cabelludo y la laceración de parte de la oreja derecha , se suman la fisura anal y rectorragia (masiva pérdida de sangre a través del ano).

A su vez, al mayor de los imputados se le constató una lesión genital con presencia de secreción blanquecina. Por todo esto, Canales resumió que "las conclusiones dan cuenta que el joven fue agredido y violado".

Añadió que las pericias realizadas por la Bicrim de Castro y el Lacrim de Puerto Montt permitieron levantar no solo tres botellas con sangre, sino también restos de tejido humano, especialmente, de cuero cabelludo.

La cruda descripción realizada en audiencia, que incluso se complementó con sets fotográficos que observó la propia magistrada Alejandra Varas, sustentó los antecedentes para invocar la necesidad de cautela de los jóvenes. En especial, argumentando el peligro que constituyen los individuos para la seguridad de la víctima y la sociedad.

El fiscal recalcó que el delito principal tiene pena de crimen y que se configurarían dos agravantes. Justamente, una de ellas sería el aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. "Para someter a alguien no es necesario una sesión de tortura, como sucedió en este caso", aclaró, añadiendo que la otra modificatoria sería la pluralidad de malhechores.

Con estos antecedentes, la jueza determinó que la libertad de los sujetos constituye un riesgo, "considerando que una eventual pena sería efectiva" y que existe "peligro de fuga". Por ello, decretó la prisión preventiva, estableciendo un plazo para investigar de tres meses. J