Gabriela Mayorga Oyarzo

El director de la organización ambientalista Centro Ecoceanos, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, durante casi 40 años ha liderado procesos de investigación, conservación y activismo social respecto de biodiversidad marina y mamíferos acuáticos.

El profesional participó recientemente de una de las charla enmarcadas en la IV Escuela de Temporada en Regiones de la Universidad de Chile, en Ancud, donde analizó algunas de las consecuencias generadas a partir de la crisis de mayo de 2016, sobre el impacto de la industria salmonera y su relación con la actual situación ambiental en el territorio.

Actualmente, la preocupación de Cárdenas se centra en el peligro que suscita la expansión de la industria del salmón a la Región de Magallanes, y por lo mismo, la ONG que dirige se sumó a una campaña de más de 60 organizaciones para no consumir salmón de criadero industrial y "para que los consumidores puedan ejercer su derecho a obtener información oportuna y veraz de cómo es producido el salmón en el país", según manifestó.

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-La crisis vivida en mayo de 2016, de acuerdo a lo que usted ha planteado, sirvió para robustecer a la industria salmonera en Chile. ¿Por qué y cómo la fortaleció?

-En la crisis del florecimiento de algas nocivas y, posteriormente, algas tóxicas en Chiloé, lo más paradojal es que mientras la comunidad estaba siendo afectada -sus recursos, ecosistemas costeros, medio ambiente- la industria salmonera aprovechó la crisis para robustecerse y consolidarse, debido a que la caída de casi un 20 por ciento de la producción estimada para ese año significó un aumento de los precios internacionales del salmón espectacular, que significaron que entre el 2016 y 2017 la industria ganó más que en sus últimos 24 años y eso se refleja en cifras. En 2016 los retornos de la industria salmonera fueron de 4 mil millones de dólares por exportación y el 2017 ha subido a 5 mil millones de dólares por exportación, lo cual indica que es una industria billonaria en medio de una situación de grave crisis que afecta a las comunidades costeras de Chiloé.

-Pasado el tiempo desde la crisis en Chiloé ¿qué cree que hemos aprendido como sociedad respecto a estos hechos?

-La comunidad ha aprendido que la industria salmonera es insustentable e irresponsable ya que no alcanza a percibir los costos que está teniendo su éxito productivo comercial y tampoco le interesa mucho, ya que ahora se está desplazando hasta Magallanes, para repetir el mismo proceso que se ha desarrollado en los últimos 25 años en Chiloé. La comunidad ha entendido que si no se organiza, se informa y se moviliza nadie va a venir a solucionarle los graves problemas que están afectando a consecuencia del modelo productivo exportador que se ha impuesto. Y el Gobierno ha demostrado que tiene una visión centralista de su relación con Chiloé. Cuando inicialmente empezó la crisis tomó distancia, dejó que avanzara y luego solamente se movilizó para poder apagar las posibles consecuencias del "Mayo Chilote". Para Chiloé este es un hecho histórico, porque la comunidad dio un salto para comenzar a discutir de manera independiente sus problemas. Creo que se van a volver a repetir las crisis sanitarias ambientales, eso es inherente al accionar de la industria salmonera y en estas crisis Chiloé se va a empobrecer, al igual que su medio ambiente marino costero.

Información

-Finalmente no se pudo comprobar científicamente la incidencia del vertimiento de salmones en las costas de Ancud en el fenómeno de la marea roja del 2016. Eso dijo el doctor Benjamín Suárez en el encuentro en que usted también participó. ¿Cuál es su apreciación?

-El doctor Suárez (jefe del Laboratorio de Toxinas Marinas de la U. de Chile) señaló una verdad que tiene una razón: la falta de información, la falta de estudio de generar datos sobre lo que está ocurriendo y eso permite justificar al Estado y a la industria salmonera el hecho de que no se puede determinar directamente los efectos en lo que es obvio para cualquier chilote: el impacto de los centros de cultivo. No es casual que los recursos que se destinan y el enfoque de la investigación bloqueen cualquier posibilidad de generar datos que permitan entender el impacto que está teniendo la industria salmonera en el medio ambiente marino.

La gran producción de contaminación orgánica proveniente de las fecas de salmones y el alimento que no se consume y cae al fondo marino genera un gran aumento de nitrógeno y fósforo, que es el sustrato que junto con factores como cambio climático generan las condiciones para estas sucesivas crisis. El tema no es que no tengan responsabilidad, sino que no se puede acreditar la responsabilidad porque el Estado no permite y las universidades que están capturadas por la industria no investigan sobre eso.

¿Qué acciones se están implementando para enfrentar este escenario?

-Se realizó un seminario en Santiago inédito entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el Colegio Médico, más las comunidades costeras y pueblos originarios que están en conflicto con la industria salmonera. Se identificó allí que la resistencia bacteriana, el cambio climático, degradación de los océanos, crisis del agua y obesidad son los mayores desafíos que enfrenta la sociedad chilena en el siglo XXI.

Frente a esto, comienza una campaña a partir de este año: primero, con un llamado a no consumir salmón de criadero industrial por el alto uso de antibióticos, antiparasitarios y a preferir los pescados de producción artesanal o local. Segundo, que los consumidores ejerzan su derecho a obtener información oportuna y veraz de cómo son producidos los salmones en Chile. Por ejemplo, durante cinco años se ha tenido que litigar con ella para que entregue información sobre el uso, el tipo y volumen de antibióticos que entrega por compañía y, finalmente, tuvo que realizarlo pero lo entregó hasta el 2014, entonces del 2015 a 2017 no tenemos idea. Por otra parte, exigir que se legisle para prevenir el uso de antibióticos como lo hace la industria salmonera, que entrega antibiótico diariamente a través del alimento a los salmones para prevenir que se enfermen, y eso viola las normas de salud animal.

Según Juan Carlos Cárdenas, "requerimos que se prohíba este uso; exigir moratoria indefinida a la expansión de la industria salmonera, especialmente en Magallanes y en territorio de pueblos originarios, Bío Bío, Los Ríos y Araucanía; defensa de la Ley Lafkenche que permita a comunidades recuperar el territorio costero del impacto de la industria salmonera, y cortar los millonarios subsidios estatales que se entrega con plata de los contribuyentes a las compañías salmoneras.